Este 24 de marzo, a 35 años del golpe militar del 76, queremos hacer un ejercicio de reflexión sobre la relación entre Justicia y Derechos Humanos. Los cambios que implementó la dictadura mediante el terrorismo de Estado, repercutieron ampliamente en la sociedad, en todos los niveles, económico, social, político y cultural.
Como consecuencia de la lucha de las organizaciones de Derechos Humanos y en particular a partir de la apertura democrática, se iniciaron los juicios contra los represores con resultados trascendentes para el conocimiento de la verdad histórica y el castigo a los genocidas. Sin embargo, ante la magnitud de los hechos y procesos a investigar y a pesar de los avances que es preciso reconocer, hay por lo menos tres cuestiones que ponen en evidencia las falencias y tensiones existentes en la justicia argentina relacionadas con los principios democráticos y los valores de los derechos humanos.
Una de ellas se vincula con la lentitud con que se llevan a cabo los juicios y la complicidad de algunos jueces con la dictadura, lo que ha llevado al cierre de causas por la muerte o el desprocesamiento de los represores.
Una segunda cuestión se vincula con la relevancia que han adquirido en los juicios por delitos de lesa humanidad, los relatos sobre las torturas y violaciones a las mujeres en cautiverio, pero la renuencia de los jueces a dar al tema la entidad y a investigar a fondo estos delitos de género que se produjeron en el marco de la represión de la dictadura muestra la presencia de un perfil sexista y discriminatorio que está en presente en muchos ámbitos del poder judicial, a raíz de lo cual muchos de esos delitos quedan sin investigar o terminan en faltas de mérito.
La tercera cuestión tiene que ver con la vigencia en nuestro sistema jurídico de leyes represivas contra los trabajadores y sectores vulnerables, como por ejemplo la figura penal de la coacción agravada con la cual jueces de tradición autoritaria y en connivencia con el poder político, asumen la criminalización de la protesta social como una forma de Represión en plena democracia. Este tema a su vez nos remite a la falta de transparencia en la designación de jueces por parte de los gobiernos que priorizan la conveniencia política por sobre la adhesión a los principios democráticos y la defensa de los valores de los Derechos Humanos.
En todo esto le cabe una responsabilidad importante al Poder Ejecutivo por que no se han impulsado las reformas necesarias para otorgar a la Justicia un nivel de transparencia y democracia que elimine todos los resabios de los tiempos de dictadura y al mismo tiempo utiliza esas mismas herramientas vulnerando elementales derechos humanos.
Cra. Mirna Hudson
Secretaría de Derechos Humanos
Gremio Judicial
24 de marzo de 2011
Como consecuencia de la lucha de las organizaciones de Derechos Humanos y en particular a partir de la apertura democrática, se iniciaron los juicios contra los represores con resultados trascendentes para el conocimiento de la verdad histórica y el castigo a los genocidas. Sin embargo, ante la magnitud de los hechos y procesos a investigar y a pesar de los avances que es preciso reconocer, hay por lo menos tres cuestiones que ponen en evidencia las falencias y tensiones existentes en la justicia argentina relacionadas con los principios democráticos y los valores de los derechos humanos.
Una de ellas se vincula con la lentitud con que se llevan a cabo los juicios y la complicidad de algunos jueces con la dictadura, lo que ha llevado al cierre de causas por la muerte o el desprocesamiento de los represores.
Una segunda cuestión se vincula con la relevancia que han adquirido en los juicios por delitos de lesa humanidad, los relatos sobre las torturas y violaciones a las mujeres en cautiverio, pero la renuencia de los jueces a dar al tema la entidad y a investigar a fondo estos delitos de género que se produjeron en el marco de la represión de la dictadura muestra la presencia de un perfil sexista y discriminatorio que está en presente en muchos ámbitos del poder judicial, a raíz de lo cual muchos de esos delitos quedan sin investigar o terminan en faltas de mérito.
La tercera cuestión tiene que ver con la vigencia en nuestro sistema jurídico de leyes represivas contra los trabajadores y sectores vulnerables, como por ejemplo la figura penal de la coacción agravada con la cual jueces de tradición autoritaria y en connivencia con el poder político, asumen la criminalización de la protesta social como una forma de Represión en plena democracia. Este tema a su vez nos remite a la falta de transparencia en la designación de jueces por parte de los gobiernos que priorizan la conveniencia política por sobre la adhesión a los principios democráticos y la defensa de los valores de los Derechos Humanos.
En todo esto le cabe una responsabilidad importante al Poder Ejecutivo por que no se han impulsado las reformas necesarias para otorgar a la Justicia un nivel de transparencia y democracia que elimine todos los resabios de los tiempos de dictadura y al mismo tiempo utiliza esas mismas herramientas vulnerando elementales derechos humanos.
Cra. Mirna Hudson
Secretaría de Derechos Humanos
Gremio Judicial
24 de marzo de 2011
