martes, 22 de marzo de 2011

24 DE MARZO - ¡NI OLVIDO NI PERDÓN!

Este 24 de marzo, a 35 años del golpe militar del 76, queremos hacer un ejercicio de reflexión sobre la relación entre Justicia y Derechos Humanos. Los cambios que implementó la dictadura mediante el terrorismo de Estado, repercutieron ampliamente en la sociedad, en todos los niveles, económico, social, político y cultural.
Como consecuencia de la lucha de las organizaciones de Derechos Humanos y en particular a partir de la apertura democrática, se iniciaron los juicios contra los represores con resultados trascendentes para el conocimiento de la verdad histórica y el castigo a los genocidas. Sin embargo, ante la magnitud de los hechos y procesos a investigar y a pesar de los avances que es preciso reconocer, hay por lo menos tres cuestiones que ponen en evidencia las falencias y tensiones existentes en la justicia argentina relacionadas con los principios democráticos y los valores de los derechos humanos.
Una de ellas se vincula con la lentitud con que se llevan a cabo los juicios y la complicidad de algunos jueces con la dictadura, lo que ha llevado al cierre de causas por la muerte o el desprocesamiento de los represores.
Una segunda cuestión se vincula con la relevancia que han adquirido en los juicios por delitos de lesa humanidad, los relatos sobre las torturas y violaciones a las mujeres en cautiverio, pero la renuencia de los jueces a dar al tema la entidad y a investigar a fondo estos delitos de género que se produjeron en el marco de la represión de la dictadura muestra la presencia de un perfil sexista y discriminatorio que está en presente en muchos ámbitos del poder judicial, a raíz de lo cual muchos de esos delitos quedan sin investigar o terminan en faltas de mérito.
La tercera cuestión tiene que ver con la vigencia en nuestro sistema jurídico de leyes represivas contra los trabajadores y sectores vulnerables, como por ejemplo la figura penal de la coacción agravada con la cual jueces de tradición autoritaria y en connivencia con el poder político, asumen la criminalización de la protesta social como una forma de Represión en plena democracia. Este tema a su vez nos remite a la falta de transparencia en la designación de jueces por parte de los gobiernos que priorizan la conveniencia política por sobre la adhesión a los principios democráticos y la defensa de los valores de los Derechos Humanos.
En todo esto le cabe una responsabilidad importante al Poder Ejecutivo por que no se han impulsado las reformas necesarias para otorgar a la Justicia un nivel de transparencia y democracia que elimine todos los resabios de los tiempos de dictadura y al mismo tiempo utiliza esas mismas herramientas vulnerando elementales derechos humanos.


Cra. Mirna Hudson
Secretaría de Derechos Humanos
Gremio Judicial

24 de marzo de 2011